Minería y comunidades: el nuevo contrato social que Perú todavía no firmó

Durante décadas, la minería ha sido uno de los principales motores económicos del Perú. Genera divisas, empleo, infraestructura y oportunidades en territorios donde pocas actividades productivas llegan con la misma escala. Sin embargo, también ha sido escenario de tensiones recurrentes con las comunidades que conviven con la actividad extractiva.

El problema no es nuevo, pero sí urgente: el país sigue operando sin un contrato social claro entre minería, Estado y poblaciones locales. Ese contrato social no es un documento formal ni una mesa de diálogo ocasional. Es un acuerdo implícito y sostenido en el tiempo sobre qué se espera de la minería, qué reciben las comunidades y cuál es el rol real del Estado como garante de derechos, cumplimiento y desarrollo. Hoy, ese acuerdo está incompleto -y en muchos casos, roto-.

El origen del conflicto no suele ser técnico. No nace en la geología, ni en la ingeniería, ni siquiera en los estudios ambientales bien ejecutados. Nace en la brecha entre expectativas y resultados. Las comunidades esperan desarrollo visible y sostenido: agua, empleo digno, servicios básicos, educación, salud, infraestructura productiva.

Cuando la minería llega y esos cambios no se perciben con claridad o se diluyen en la burocracia estatal, la frustración se transforma en desconfianza. 

Las empresas mineras, por su parte, han avanzado de manera significativa en estándares ambientales, programas sociales y mecanismos de relacionamiento comunitario. Pero en muchos territorios cargan con responsabilidades que no les corresponden en exclusiva. Se les exige suplir ausencias estructurales del Estado, resolver déficits históricos y garantizar resultados que dependen de políticas públicas de largo plazo. Esa asimetría termina debilitando la relación y generando conflictos que podrían evitarse.

El Estado, en este triángulo, ha sido el eslabón más débil. Presente para autorizar y fiscalizar, pero intermitente para planificar, ejecutar y sostener el desarrollo territorial. Sin una presencia estatal efectiva, el canon y las regalías no se traducen en bienestar tangible, y la minería queda injustamente asociada a promesas incumplidas que no diseñó ni administró.

El nuevo contrato social que el Perú necesita debe partir de una premisa simple pero poderosa: la minería no es un fin en sí mismo, sino un medio para el desarrollo integral del territorio. Eso implica reglas claras, roles definidos y compromisos verificables. Las comunidades deben ser actores informados y partícipes del proceso, no solo beneficiarios pasivos o focos de contención social.

La empresa debe operar con transparencia, previsibilidad y visión de largo plazo. Y el Estado debe asumir, sin excusas, su responsabilidad de convertir los recursos mineros en desarrollo real. Firmar ese contrato social -aunque sea de manera tácita- exige cambiar la conversación. Menos discurso reactivo y más planificación estratégica. Menos conflicto improvisado y más gobernanza territorial. Menos expectativas infladas y más resultados medibles.

La minería seguirá siendo clave para el futuro del Perú. La pregunta ya no es si debemos aprovecharla, sino cómo hacerlo sin seguir postergando el entendimiento con las comunidades que sostienen el territorio donde opera. Ese nuevo contrato social aún no está firmado. Pero el país ya no puede darse el lujo de seguir negociándolo en medio del conflicto.