Ley MAPE: entre la protesta y la oportunidad histórica para el Perú

Los enfrentamientos entre mineros y la Policía no son hechos aislados, sino la consecuencia de un proceso de formalización inconcluso y de un vacío normativo que mantiene en la ilegalidad a miles de familias. 

Reconocer y ordenar la minería artesanal podría transformar la violencia en productividad y reposicionar al Perú como potencia mundial del oro.

Un conflicto que se repite

El actual enfrentamiento entre mineros artesanales y la Policía, en protesta por la situación del REINFO y la necesidad de una Ley MAPE clara y viable, recuerda al de finales de 2024, cuando cientos de mineros acamparon frente al Congreso exigiendo la ampliación de plazos de formalización y denunciando trabas que hacían casi imposible cumplir con los requisitos legales.

El patrón se repite: promesas incumplidas, mesas técnicas sin resultados y una cadena de informalidad que alimenta la frustración social.

El origen del problema

La raíz está en un proceso de formalización diseñado sin realismo:

• Se exigió a los mineros artesanales firmar contratos con titulares de concesión que muchas veces no querían otorgarlos.
• El acceso a créditos, tecnología limpia y mercados trazables ha sido casi nulo.
• La minería ilegal encontró terreno fértil, alimentando mafias, contrabando y violencia en zonas críticas como Madre de Dios o Pataz.

En lugar de crear un camino progresivo de inclusión, se generó una muralla normativa que terminó empujando a miles a la clandestinidad.

Las alternativas de solución

Superar este escenario no pasa por más interdicciones aisladas ni por prórrogas sin rumbo. La Ley MAPE debe incorporar:

• Zonificación clara de áreas permitidas para la pequeña minería y la artesanal.
• Trazabilidad digital obligatoria del oro, desde la bocamina hasta la exportación.
• Fin del mercurio, acompañado de programas de reconversión tecnológica y financiamiento blando.
• Régimen tributario simplificado, que incentive la formalización con beneficios reales.
• Control riguroso de insumos (combustible, explosivos, químicos) para cortar el abastecimiento a operaciones ilegales.

Este es el camino para que la MAPE deje de ser un problema de seguridad y se convierta en un motor de desarrollo territorial.

Las consecuencias de no actuar

Si no se toman decisiones de fondo:

• Continuarán los conflictos sociales en Lima y en las regiones.
• Las mafias criminales seguirán capturando territorios auríferos.
• El Perú perderá competitividad internacional, con un oro cada vez más cuestionado en el mercado global por su origen dudoso.
• Se agudizarán los pasivos ambientales y la desconfianza ciudadana hacia el Estado.

¿Qué pasaría si se formalizara la MAPE aurífera?

Hoy, el Perú produce oficialmente alrededor de 100 toneladas de oro al año, ubicándose en el décimo lugar mundial. Sin embargo, estudios estiman que entre 30 y 100 toneladas adicionales provienen de la minería artesanal e ilegal.

• En un escenario conservador (30 t legalizadas), el Perú subiría al 6.º o 7.º puesto mundial.
• En un escenario alto (100 t formalizadas), el país alcanzaría cerca de 200 t anuales, compitiendo con Canadá y acercándose al top 4 mundial junto a China, Rusia y Australia.

La formalización, por tanto, no solo es un asunto de orden interno: podría reposicionar al Perú como un líder global del oro, pero con un sello de responsabilidad y trazabilidad.

Reflexión final

La disyuntiva es clara: o seguimos administrando el conflicto con prórrogas y represión, o asumimos la Ley MAPE como política de Estado. 

Formalizar no es premiar la ilegalidad, es convertir el desorden en oportunidad, cerrar la brecha entre la ley y la realidad, y transformar al Perú en un país que no solo produce oro, sino que lo hace con legitimidad, sostenibilidad y orgullo.