El costo real de no formalizar la minería: Prórroga eterna del fracaso



Desde hace más de una década, el Perú vive atrapado en un círculo vicioso llamado formalización minera. El REINFO, creado en 2017 como una medida transitoria, se ha convertido en un mecanismo permanente de postergación. La reciente ampliación hasta diciembre de 2026 no es una solución: es una confesión de fracaso.

El problema no es la pequeña minería ni la minería artesanal. El problema es un Estado que renunció a gobernar el territorio, que tolera economías ilegales mientras simula orden con decretos y censos tardíos. El REINFO, lejos de formalizar, ha funcionado como una licencia informal para operar sin consecuencias.

Mientras tanto, el país pierde miles de millones en impuestos no recaudados, se destruyen ecosistemas enteros y se normaliza el trabajo infantil, el tráfico de insumos y la violencia. Todo esto ocurre con conocimiento —y muchas veces con participación— de autoridades, fuerzas del orden y operadores judiciales. Negarlo ya no es ingenuidad: es complicidad.

La burocracia impuesta al minero que sí quiere formalizarse es absurda. Se le exige lo que ni siquiera se exige con la misma severidad a operaciones formales medianas. El resultado es obvio: el informal honesto queda fuera y el ilegal se fortalece.

Más grave aún es la falta de una ley específica para minería aluvial. Pretender regular realidades distintas con un solo marco normativo es una receta para el caos. El Estado legisla desde el escritorio, no desde el territorio.

La pregunta clave es incómoda pero necesaria:

Si toda la pequeña minería y minería artesanal del Perú estuviera formalizada, el país estaría entre los primeros productores de oro del mundo, con ingresos fiscales robustos y cadenas productivas trazables. Hoy, en cambio, ese potencial financia ilegalidad, corrupción y crimen organizado.

La ampliación del REINFO no ordena, prolonga el desorden. El Perú no necesita más plazos. Necesita decisión política, presencia estatal real y una ruptura frontal con la economía ilegal que se ha normalizado bajo el disfraz de la formalización.

La formalización no puede seguir siendo una promesa eterna. O se ejecuta con reglas claras y autoridad real, o se admite de una vez que el Estado ha perdido el control de una parte crítica de su economía.

Cámara Minera del Perú